ZONAS RURALES SE FAVORECERÍAN CON POLÍTICA DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Para
el 2030 la población ya podría contar con mayores capacidades y competencias
financieras y mayores niveles de acceso y uso de servicios financieros de
calidad. En estadísticas, el 75% de la población adulta contaría con alguna
cuenta en el sistema financiero, el 43% de la población adulta que tiene algún
crédito tendría baja probabilidad de incumplimiento, la cobertura del sistema
financiero llegaría a 100% y el 52% de los centros poblados tendrían cobertura
del servicio de internet.
También
se podrá incrementar la participación de nuevos deudores de las mypes en los
últimos cinco años, aumentarían las transacciones de la población usuaria de
programas sociales en el sistema financiero, subiría la cobertura del sistema
financiero privado y también se reduciría la incidencia de reclamos presentados
por los consumidores en dicho sistema. Los gobiernos locales participarían
aplicando acciones concretas, actividades o convenios para promover la
inclusión financiera, usando como herramienta a la tecnología.
Se
debe tener en cuenta que el sector rural tiene un porcentaje bajo de
bancarización y las cajas municipales de ahorro y crédito, junto con el Banco
de la Nación cumplirían un papel valioso en la inclusión financiera otorgando
productos fáciles de entender.
Se
implementarán cinco objetivos prioritarios y dieciséis lineamientos de
política. En sí, los objetivos buscan generar una mayor confianza de todos los
segmentos de la población en el sistema financiero y contar con una oferta de
servicios financieros suficiente y adecuada para las necesidades de la
población, así como desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y
plataformas digitales. Así, los servicios financieros se ofrecerán de manera
eficiente para impactar en la productividad y reducir la pobreza y desigualdad.
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